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Por diversos motivos, ya sea una mala administración financiera o gastos imprevistos, algunas personas han tenido que posponer el pago de sus deudas. Y aunque parezca una buena idea para poder cubrir otros gastos, siempre existen dudas en torno a las consecuencias que esto podría tener cuando el impago es recurrente o la deuda es un monto considerable.
De acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional sobre las Finanzas de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en México 56.9% de los hogares (alrededor de 20.9 millones) tiene algún tipo de deuda. La distribución de estos créditos, préstamos y financiamientos se encuentra mayoritariamente en deuda no hipotecaria.
En México, el no pago de deudas puede llevar a consecuencias de diferentes magnitudes, que van desde financieras, hasta legales (en el mayor de los casos). El gran problema es que muchos de los deudores, no tienen claridad de qué pasa si dejan de pagar, esto habla de dos problemáticas: por un lado de la falta de información de los consumidores, pero también de la necesidad urgente de impulsar la educación financiera para que más personas puedan tomar el control de su dinero y su futuro.
Uno de los primeros escenarios ante el impago es el cargo de intereses moratorios o el aumento de la deuda. Si bien esta consecuencia es menor, en comparación a otras, sí llega a ser importante, ya que implica que el usuario debe hacer un ajuste de sus finanzas para el corto y mediano plazo con la finalidad de ponerse al día con sus obligaciones.
La segunda, es que cuando se trata de servicios, la empresa decide suspenderlos, y esto en algunas ocasiones implica un cargo extra o costo de reactivación, adicional a la deuda o recargos que se generen.
Otro escenario es que la empresa venda su cartera vencida a empresas de cobranza. De acuerdo con datos de Coperva, durante el primer trimestre de este año, las empresas con mayor número de deudores son las telecomunicaciones, seguidas del sector departamental, bancario, financiero, automotriz y fintech.
Existen muchos mitos en torno a las empresas de cobranza, pero la realidad es que son la oportunidad para que las personas puedan saldar sus deudas. No son el enemigo, sino un aliado financiero.
Un último escenario consiste en un embargo, que es un proceso legal en el que se incautan bienes o recursos de una persona para garantizar el pago de una deuda. Este proceso se lleva a cabo por medio de una orden judicial. Algunos bienes que son susceptibles de embargo son el salario, los bienes inmuebles, los vehículos y las cuentas bancarias.
Es importante aclarar que el embargo no se realiza de manera inmediata. Primero, la persona es notificada y tiene un plazo para pagar la deuda. Si no se paga en el tiempo establecido, entonces viene un proceso judicial que podría terminar con un embargo.
También existen muchos mitos sobre el proceso de embargo. Por ejemplo, hay quienes creen que la casa o el vehículo serán tomados por la fuerza en cualquier momento. Sin embargo, esto no es cierto. El proceso de embargo se lleva a cabo con el apoyo de las autoridades y se notifica con anticipación al deudor.
Cabe destacar que la cárcel tampoco es una posibilidad. Incluso organismos como la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) han alertado que nadie puede ir a la cárcel por la falta de pago de una deuda civil con una institución crediticia.
Es importante pagar las deudas en tiempo y forma para evitar consecuencias graves. Si se presenta una situación en la que es imposible cumplir con el pago, se debe buscar el apoyo de empresas de cobranza o negociar con los acreedores para fijar nuevos montos y plazos a fin de que la deuda pueda pagarse. De esta manera, se evitan consecuencias legales y financieras que afectan seriamente la vida de las personas.